Para la salud pública siempre ha resultado un desafío posicionarse frente al estudio y el abordaje de la violencia en general. Pero es evidente que los incidentes de odio, además de ser atentados contra los derechos humanos, afectan a la salud de las personas que los sufren y éstas requieren una atención que va más allá del tratamiento de las lesiones físicas.
La prevención de la violencia de odio pasa, inexcusablemente, por fomentar la igualdad y la equidad en todas las políticas, atendiendo a la diversidad, desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.